EDITORIAL | El Nanay ya no espera más

Comunidades cansadas del abandono anuncian que enfrentarán a los mineros ilegales que contaminan su río

El río Nanay, orgullo y sustento de Loreto, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Las dragas ilegales continúan perforando sus orillas y vertiendo mercurio en sus aguas, mientras las autoridades observan desde lejos, atrapadas en la inercia de la indiferencia. Frente a esa pasividad, los pueblos del Alto Nanay han tomado una decisión drástica: ellos mismos irán a enfrentar a los mineros ilegales.

La medida, anunciada en asamblea comunal, no nace del arrebato, sino del cansancio. Por años, los pobladores han pedido presencia del Estado, sin recibir más que operativos simbólicos, promesas vacías y declaraciones de escritorio. Hoy sienten que la única forma de defender su territorio es actuar por cuenta propia, aunque eso signifique poner en riesgo sus vidas.

La situación es grave y peligrosa. Las dragas no solo representan contaminación, sino también violencia organizada. Se sabe que detrás de esa maquinaria operan mafias armadas que controlan tramos del río como si fueran territorios privados. Aun así, los comuneros han decidido navegar hasta las cabeceras del Nanay, donde las autoridades no llegan, y expulsar a los invasores que destruyen su casa común.

Esta determinación revela el profundo abandono estatal en el que viven los pueblos amazónicos. Cuando una población decide hacer lo que debería hacer la Policía, la Marina o el Ministerio Público, no estamos frente a una protesta: estamos frente a una crisis de Estado. Una fractura entre el país oficial y el país real, entre los que hablan de medio ambiente en congresos internacionales y los que lo defienden con sus propias manos.

La voz que se alza desde el Nanay es una voz de indignación y dignidad. No quieren ser mártires, solo quieren vivir sin miedo, beber agua limpia y dejar un río vivo a sus hijos. Pero han comprendido que la indiferencia también mata, y que el silencio puede ser tan letal como el mercurio. Por eso, se organizan, se arman de coraje y deciden hacer lo que el Estado no hace: proteger la vida.

Es inadmisible que las comunidades tengan que arriesgarse a enfrentarse con delincuentes armados. La responsabilidad de detener la minería ilegal recae sobre las instituciones que hoy brillan por su ausencia. El Gobierno Regional de Loreto, los ministerios competentes, la Marina, la Policía y la Fiscalía Ambiental no pueden seguir actuando como si esto fuera un problema menor.

Mientras se realizan reuniones en salones con aire acondicionado, en el Nanay se prepara una confrontación que podría terminar en tragedia. Si algo ocurre —si hay heridos o muertos—, la culpa no será del pueblo, sino de las autoridades que no actuaron a tiempo, de quienes prefirieron los discursos sobre cambio climático a las acciones concretas en defensa del agua.

El pueblo del Nanay no busca protagonismo, busca respeto. Ha dado todas las señales posibles de alerta, ha pedido acompañamiento, ha denunciado una y otra vez. Y, ante la indiferencia, ha decidido levantarse. Lo que ocurra en los próximos días será consecuencia directa de un abandono que ya no se puede ocultar.

El Estado no puede permitir que la defensa del medio ambiente quede en manos de quienes solo tienen su valentía como escudo. La protección del Nanay es una obligación constitucional, no un favor político. Si el Gobierno sigue mirando hacia otro lado, será cómplice del desastre.

El río Nanay ya no espera más. Su gente tampoco. Y si hoy el pueblo ha decidido enfrentar a los que lo destruyen, es porque el silencio del Estado les dejó solo una opción: defender la vida, aunque les cueste la suya.