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La entidad señala que su competencia se limita a la minería formal y que la lucha contra la ilegalidad corresponde a fuerzas del orden
Especialistas de la Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto (DREM) explicaron que, por disposición normativa, la institución no puede intervenir directamente en actividades de minería ilegal que se desarrollan en diversas cuencas amazónicas. Indicaron que su competencia se restringe exclusivamente a la supervisión y promoción de la minería formal, especialmente en la extracción de materiales no metálicos.
Los representantes de la DREM precisaron que la lucha contra la minería ilegal corresponde a entidades como la Fiscalía, la Policía Nacional, la Capitanía de Puerto y las Fuerzas Armadas, las cuales tienen la capacidad de ejecutar intervenciones y operativos. En ese marco, la dirección participa en espacios de coordinación interinstitucional, pero no tiene facultad para actuar en campo.
“La dirección no puede fiscalizar actividades ilegales porque se encuentran fuera del marco de nuestra competencia. Nuestro rol en la mesa técnica regional es de coordinación, y buscamos que las instituciones con autoridad directa puedan intervenir”, señalaron los especialistas.
Asimismo, indicaron que la población muchas veces desconoce las acciones emprendidas desde el Gobierno Regional de Loreto para enfrentar este problema. Entre ellas se encuentran ordenanzas regionales como la de ratificación y protección de las cabeceras de cuenca, además de medidas orientadas a prevenir la contaminación de los ríos amazónicos.
Los técnicos reconocieron que, aunque se han realizado diversas reuniones para minimizar el avance de la minería ilegal, la falta de presupuesto limita las acciones operativas. Añadieron que toda explotación en ríos es competencia de las municipalidades de cada jurisdicción, mientras que la DREM solo otorga concesiones para la extracción terrestre de materiales como arena, arcilla o tierra compacta.
Finalmente, reiteraron que toda actividad aurífera en los ríos de Loreto es ilegal, y que la intervención directa en estas zonas recae sobre las fuerzas del orden. “Nuestro compromiso es seguir articulando esfuerzos con otras entidades para proteger las cuencas y promover la formalización minera”, concluyeron.
