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Dirigentes cocamas denuncian retrasos en la compensación ordenada por el Poder Judicial y advierten que miles de pobladores siguen sin atención integral en salud ni reparación ambiental
A once años del derrame de más de 2 500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, ocurrido en junio de 2014, los representantes de la comunidad nativa, el apu Galo Vásquez y el apu Armando Arce, reiteraron su preocupación por el incumplimiento de la sentencia judicial que ordena a Petroperú compensar a los pueblos afectados. La decisión del Poder Judicial estableció que la empresa estatal debía asumir su responsabilidad por los daños ambientales, económicos y sanitarios, pero hasta ahora no existe una respuesta concreta.
El derrame afectó directamente a unos 900 habitantes de Cuninico y, en total, a más de 4 000 pobladores kukama pertenecientes a las comunidades de Nueva Esperanza, San Francisco, Santa Rosa y Cuninico. Estas localidades, organizadas en la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM), han mantenido una demanda activa durante años para que se cumpla la reparación integral ordenada por la justicia, luego de que los daños fueran plenamente acreditados.
Según indicaron los dirigentes en LVS Noticias, las afectaciones persisten en todos los niveles: la pesca continúa disminuida, los suelos degradados dificultan la producción agrícola y los problemas de salud se han convertido en un componente estructural de la crisis humanitaria. Señalan que, pese a algunas intervenciones del sector Salud, estas no garantizan una atención completa para las personas con metales pesados ni para quienes desarrollaron enfermedades graves tras el desastre ambiental.
Las brigadas que ingresan a la zona, advirtieron, no brindan atenciones especializadas como se había dispuesto, sino servicios médicos básicos que no responden a la magnitud del daño. Arce recordó que varias personas fallecidas presentaron síntomas asociados a contaminación, pero sus casos no han sido investigados ni incluidos en un registro sanitario diferenciado. “Vivimos con una preocupación constante; no tenemos seguimiento médico, ni diagnóstico integral”, sostuvo.
Los voceros comunales afirmaron que la pobreza y la desnutrición se han profundizado en la zona desde el derrame, debido a la pérdida de recursos naturales y a la ausencia de programas sostenidos de atención estatal. “Somos peruanos, estamos dentro del territorio nacional, pero no recibimos el trato que corresponde. La actividad extractiva que causó el derrame fue avalada por el Estado, y aun así seguimos esperando justicia”, señaló el apu Vásquez.
Respecto al proceso judicial, denunciaron que el juzgado encargado dispuso un nuevo peritaje pese a que ya existía uno validado con apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL). Consideran que este pedido constituye una maniobra que retrasa la ejecución de la sentencia y favorece que Petroperú siga sin cumplir las medidas de compensación. “Esto solo alarga el sufrimiento de nuestras comunidades”, expresaron.
Los dirigentes anunciaron que esta tarde, a las 4:00 p. m., buscarán reunirse con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto para solicitar que el proceso avance con mayor celeridad y que se haga respetar el fallo emitido años atrás. También solicitarán que se establezca un cronograma claro para la reparación económica y social que corresponde a las comunidades demandantes.
Finalmente, informaron que solicitarán una reunión con la Gerencia Regional de Salud de Loreto para conocer el plan de atención previsto para 2026, especialmente en cuanto a tratamiento de pacientes con contaminación por hidrocarburos y metales pesados. La población cocama espera que este diálogo permita finalmente establecer medidas reales de protección y atención para las miles de personas afectadas desde 2014.
