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Han pasado once años desde el desastre petrolero que marcó para siempre la vida de Cuninico. Once años desde que más de 2 500 barriles de crudo se derramaron en la quebrada y contaminaron el agua, el suelo y la salud de miles de personas. Once años desde que comenzó la lucha de una población que no pidió riqueza, que no exigió privilegios, que solo suplicó por justicia. ¿Cuánto más debe esperar Cuninico para ser escuchado?
Los apus, dirigentes y comuneros, hoy representados por Galo Vásquez y Armando Arce, cargan una sentencia judicial que les dio la razón, que reconoció el daño y ordenó compensación. Ese papel, que debería simbolizar un triunfo legítimo, se ha convertido en un recordatorio doloroso de la indiferencia estatal y corporativa. Petroperú no cumple, el Estado no vigila, y el Poder Judicial vuelve a extender plazos mientras el sufrimiento de la gente se hace permanente.
Cuninico tiene 900 habitantes, pero son más de 4 mil los afectados en toda la cuenca: San Francisco, Nueva Esperanza, Santa Rosa y otras comunidades que comparten la misma herida. Allí, cada día se vive entre enfermedades que avanzan silenciosas, niños con metales pesados en la sangre, adultos con males crónicos, madres que han perdido hijos sin recibir una explicación. Las brigadas médicas llegan, sí, pero con atenciones mínimas. No hay seguimiento, no hay especialistas, no hay respuestas. ¿Cómo puede llamarse “cuidado” a lo que solo es una visita fugaz?
Once años después, Cuninico sigue bebiendo la contaminación. Sigue pescando en aguas heridas. Sigue sembrando en suelos que alguna vez fueron fértiles y hoy cargan el peso de un extractivismo sin vigilancia. Y mientras tanto, la pobreza se hace más profunda, la desnutrición avanza, la esperanza se desgasta. El comunero Armando Arce lo dijo con claridad: “Vivimos con preocupación todo el tiempo”. Es un grito que debería estremecer al país entero.
El nuevo peritaje ordenado por el juzgado, pese a que ya existe un informe previo validado con apoyo técnico, solo genera sospechas y malestar. ¿Por qué repetir lo ya probado? ¿Por qué estirar el proceso cuando la sentencia es clara y las pruebas también? ¿Para quién trabaja realmente la justicia cuando la demora beneficia a uno y condena a miles? El tiempo, para la burocracia, es un trámite; para Cuninico, es vida perdida.
No se puede olvidar que este desastre no fue un accidente aislado ni una negligencia fortuita. Fue el resultado directo de una actividad extractiva autorizada por el Estado, que permitió operar un sistema de oleoductos corroído, sin mantenimiento adecuado y sin supervisión eficaz. El petróleo no cayó del cielo: salió de un ducto que debía ser seguro. Por eso, la responsabilidad es compartida y mayor: Petroperú debe cumplir, el Estado debe responder y reparar, y la sociedad debe exigir.
Hoy los dirigentes buscan dialogar con la Corte Superior de Justicia de Loreto y con la Gerencia Regional de Salud. Pero no deberían estar mendigando reuniones. No deberían estar peregrinando en busca de atención. No deberían estar justificando, una y otra vez, un daño evidente. El país les debe más que una mesa técnica; les debe dignidad, reparación y futuro.
Cuninico nos recuerda algo esencial, la Amazonía no es un recurso, es un territorio vivo. Y sus habitantes no son números, son peruanos con derechos que se vulneran cada día que pasa sin respuesta. El petróleo dura un instante; las heridas que deja, duran generaciones. La indiferencia hacia estos pueblos no solo destruye vidas, destruye también la posibilidad de un país justo.
Este editorial de radio La Voz de la Selva es un llamado urgente, un grito que debería retumbar en los despachos de Petroperú, del Poder Judicial y de los ministerios: cumplan la sentencia, reparen el daño, atiendan la salud, respeten la vida. No es un favor: es una deuda moral, histórica y humana. Ya no hay derecho a la espera. Cuninico ha sido paciente demasiado tiempo. Ahora corresponde al Estado y a la empresa actuar con responsabilidad o admitir, sin máscaras, que en este país la justicia solo llega para algunos.
