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Fiscalía y PNP activan protocolos de seguridad y aseguran el respeto al debido proceso
La Fiscalía Penal del Datem del Marañón inició acciones legales tras la detención de un ciudadano por presunta incitación a la violencia y delito cibernético en agravio de la fiscal adjunta provincial Samanta Villena, quien recientemente logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra un investigado por presunto delito de tortura en agravio de un menor de edad.
El detenido fue identificado como Welinton Pezo Shawit, quien habría difundido a través de redes sociales mensajes con amenazas de muerte e incitación al asesinato en contra de la magistrada. Según información preliminar, durante las diligencias iniciales el intervenido habría aceptado la autoría del contenido difundido; sin embargo, las autoridades precisaron que su situación jurídica será definida en estricto respeto del debido proceso.
Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) activaron de inmediato los protocolos de seguridad, disponiendo protección policial permanente para la fiscal Villena, con la finalidad de garantizar su integridad personal y preservar la autonomía e independencia del sistema de justicia frente a actos de intimidación.
Las autoridades recordaron que la incitación al odio o la violencia, así como las amenazas realizadas mediante plataformas digitales, se encuentran contempladas dentro del marco de los delitos cibernéticos, los cuales son sancionados severamente por la legislación peruana al constituir atentados directos contra la seguridad pública y el orden legal.
El Ministerio Público subrayó que este tipo de conductas buscan amedrentar la labor de los operadores de justicia, por lo que serán investigadas con todo el rigor de la ley. Asimismo, reiteró que existe una política de tolerancia cero frente a cualquier intento de socavar el ejercicio de la función jurisdiccional mediante amenazas o campañas de hostigamiento.
Finalmente, se informó que el caso seguido contra Pezo Shawit podría convertirse en un precedente sobre la responsabilidad penal derivada del uso indebido de redes sociales, reforzando el mensaje de que el espacio digital no está exento de control legal y que toda expresión que promueva delitos será debidamente sancionada.
(Con información de Marco Vizalote, corresponsal de la provincia de Datem del Marañón)
