(normalmente se encuentra en la parte inferior o al costado de la URL).
Defensor del Pueblo en Loreto, Abel Chiroque, informó que la Municipalidad de Maynas encabeza la lista con 36 quejas
La Defensoría del Pueblo en Loreto atendió durante el 2025 un total de 2,494 atenciones ciudadanas, según el balance presentado por el defensor Abel Chiroque en entrevista con LVS Noticias. Del total, 591 fueron quejas, 292 petitorios y 1,584 orientaciones legales, realizadas por el equipo de profesionales de la institución, principalmente abogados y abogadas, en cumplimiento de su mandato constitucional de proteger derechos fundamentales y supervisar los servicios públicos.
De acuerdo al ranking de instituciones más quejadas, los gobiernos locales ocupan el primer lugar, encabezados por la Municipalidad Provincial de Maynas con 36 quejas, seguida por San Juan Bautista (19), Urarinas (10) y otras municipalidades como Loreto Nauta, Ramón Castilla, Punchana, Belén, El Tigre y Napo. Chiroque explicó que, en la mayoría de casos, la población reclama porque no recibe respuesta a documentos ingresados por mesa de partes, además del incumplimiento de la Ley de Transparencia, problemas laborales y deficiencias en servicios como recojo de residuos sólidos y seguridad ciudadana.
En segundo lugar, se ubica el Gobierno Regional de Loreto, con quejas relacionadas principalmente a casos laborales, acceso a información pública, gestión de riesgos y desastres, presuntas vulneraciones a la ética pública y obras paralizadas o inconclusas. En tercer lugar, aparecen los servicios educativos, con 85 quejas, donde destacan las UGEL con 60 reportes. El defensor puso especial énfasis en la problemática en UGEL Loreto Nauta, donde padres de familia denuncian ausencia de docentes y “movilizaciones irregulares” que se repiten desde hace varios años.
El sector salud ocupa el cuarto lugar con 69 casos, vinculados a precariedad de infraestructura, quejas contra redes de salud, hospitales, EsSalud y el Seguro Integral de Salud. Luego aparecen los organismos constitucionales autónomos (Ministerio Público, RENIEC y pedidos ante la Contraloría), así como las comisarías y dependencias policiales, además de subprefecturas por procedimientos de garantías. Chiroque recordó que la Defensoría no sanciona ni sentencia, pero actúa con “magistratura de persuasión” para exigir que las entidades corrijan vulneraciones y restituyan derechos.
En esa línea, precisó que la ciudadanía también puede quejarse contra empresas privadas que brindan servicios públicos, como Electro Oriente, SedaLoreto y compañías de telefonía, porque al prestar un servicio esencial quedan sujetas a supervisión de los reguladores y del sistema de defensa de derechos. Asimismo, explicó que la inmediatez de atención hace que el Ministerio Público reciba más cuestionamientos que el Poder Judicial, por su rol inicial en la recepción e investigación de denuncias, sobre todo en casos de violencia.
Finalmente, el defensor remarcó que uno de los retos del 2026 será fortalecer la vigilancia ciudadana, especialmente en zonas rurales, y alertó sobre la baja ejecución presupuestal en seguridad ciudadana en varios distritos. Chiroque pidió a la población informarse, exigir sus derechos y acudir a la Defensoría ante cualquier vulneración o duda, recordando que la institución mantiene las puertas abiertas para orientar y acompañar casos que afecten a los ciudadanos y comunidades más alejadas de la región.
