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Candidato de Perú Libre propone una agenda centrada en servicios básicos, desarrollo productivo y unidad regional
El catedrático Fernando Paisig, candidato a diputado con el número 3 por Perú Libre, sostuvo que el país enfrenta una profunda desigualdad política y económica que ha favorecido a grupos con mayor capacidad de financiamiento electoral, lo que según afirmó limita la democratización del debate público y dificulta que la ciudadanía conozca a todos los candidatos en igualdad de condiciones.
Durante la entrevista en LVS Noticias, destacó su permanencia en Perú Libre como una muestra de coherencia ideológica, señalando que cuenta con más de 25 años de trayectoria política vinculada a la izquierda y al trabajo social. Indicó que la política debe recuperar su rol de servicio público y dejar de ser vista como una oportunidad de beneficio personal, en un contexto marcado por escándalos de corrupción en distintos niveles del Estado.
Paisig señaló que uno de los principales problemas del país es la falta de servicios básicos y la brecha social, mencionando cifras sobre anemia infantil, déficit de hospitales y carencias en infraestructura educativa. Afirmó que Loreto requiere proyectos estructurales que transformen la economía regional y que, hasta ahora, no han sido impulsados desde el Congreso.
Entre sus principales propuestas, planteó la creación de una Zona Económica Especial para el Comercio y la Industria en Loreto, con énfasis en la interconexión eléctrica nacional para reducir el costo de la energía. Sostuvo que la región paga una de las tarifas más altas y que una red energética nacional permitiría impulsar producción, industria y conectividad digital.
El candidato también propuso impulsar un gaseoducto hacia Loreto para reducir el precio del gas doméstico y facilitar su uso en hogares y transporte. Según explicó, la medida podría reducir el costo del balón hasta en un 40 %, impactando directamente en la economía familiar y en el precio de productos básicos.
Finalmente, Paisig planteó la erradicación de la minería ilegal con intervención estatal integral, incluyendo control territorial y alternativas económicas para la población. Además, llamó a la unidad de autoridades loretanas para gestionar proyectos ante el Gobierno central, afirmando que el desarrollo regional requiere trabajo conjunto más allá de diferencias partidarias.
