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Las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, son dos territorios que representan con crudeza el abandono del Estado peruano. Ambas, situadas en los límites con Colombia y Brasil, son zonas estratégicas no solo por su ubicación geográfica, sino porque marcan la presencia del Perú en la Amazonía más profunda. Sin embargo, lo que debería ser una línea de defensa y desarrollo, se ha convertido en una frontera del olvido.
En las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí, los pobladores viven prácticamente sin Estado. No hay suficientes efectivos policiales, los colegios funcionan con enormes carencias, los centros de salud carecen de personal y medicinas, y las vías de comunicación son precarias. En esas condiciones, las comunidades sobreviven gracias a su propio esfuerzo, mientras las instituciones públicas se desvanecen entre promesas y burocracia.
El resultado de esta ausencia estatal es la expansión del crimen organizado. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada y la trata de personas han encontrado en estas fronteras un terreno fértil para operar sin control. El abandono institucional ha permitido que los grupos ilegales impongan sus propias reglas, y que muchos jóvenes sin oportunidades vean en ellos una salida para subsistir.
Durante años, el Gobierno ha respondido con lo mismo: declarar el estado de emergencia. Pero esas medidas excepcionales no han resuelto nada. Al contrario, han evidenciado la improvisación de las autoridades. Los operativos policiales o militares se concentran unos días, luego se retiran, y la situación vuelve a ser la misma o incluso peor. No hay una estrategia sostenida, ni un plan de desarrollo que devuelva esperanza a los habitantes de estas provincias fronterizas.
Putumayo y Ramón Castilla merecen más que decretos. Necesitan inversión, carreteras, escuelas y presencia efectiva del Estado. La soberanía no se defiende con comunicados, sino con políticas reales que garanticen derechos, oportunidades y seguridad a los ciudadanos. Mientras eso no ocurra, seguirán siendo territorios en los que el narcotráfico y la ilegalidad dictan la ley.
La distancia geográfica no puede ser una excusa para la indiferencia. Si el Perú presume de ser un país amazónico, debe asumir con responsabilidad el reto de cuidar sus fronteras amazónicas. No se trata solo de proteger límites, sino de proteger vidas humanas que hoy están olvidadas entre los ríos y la selva.
Los habitantes del Putumayo y del Yavarí son peruanos que resisten en medio de la inseguridad, la pobreza y la desidia. Ellos mantienen viva la presencia nacional donde el Estado ha decidido no mirar. Pero su paciencia tiene límites, y su abandono puede tener consecuencias graves para la integridad del país.
El Gobierno central debe entender que la frontera no es solo una línea en el mapa, sino una promesa de nación. Si el Estado sigue ausente, otros llenarán ese vacío: el crimen, la informalidad o incluso la influencia extranjera. El Perú no puede seguir cediendo espacio en su propia tierra. Las fronteras del Putumayo y Ramón Castilla claman por atención, y el país ya no puede darse el lujo de ignorarlas.
