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Juan Carlos Ruiz explicó que la actualización del instrumento ambiental del Oleoducto Norperuano debe cumplir los estándares internacionales para proteger el río Marañón.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz Molleda, explicó en entrevista con LVS Noticias los alcances de la demanda de amparo presentada por Mari Luz Canaquiri, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, contra Petroperú, SENACE y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La acción busca garantizar que la actualización del instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano cumpla con las normas del Convenio 169 de la OIT y otros estándares internacionales de protección ambiental.
Ruiz Molleda recordó que la sentencia del Poder Judicial, que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos, ordena la actualización del instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano, una infraestructura que data de 1995 y que, por ley, debería haberse actualizado cada cinco años. “Han pasado casi treinta años sin hacerlo, y eso representa una grave falta”, sostuvo el abogado.
El representante del IDL explicó que la demanda busca que el nuevo estudio de impacto ambiental incorpore cinco estándares fundamentales, entre ellos la evaluación de los impactos acumulados, sociales, culturales y espirituales que los proyectos generan sobre los territorios indígenas y ecosistemas amazónicos. “No se trata de un tema técnico, sino de una medida para mejorar la protección del río Marañón y de las comunidades que viven en su entorno”, indicó.
Ruiz cuestionó además la independencia de las consultoras encargadas de elaborar los estudios de impacto ambiental, al señalar que suelen estar subordinadas económicamente a las empresas operadoras. “Eso convierte muchos estudios en documentos poco serios, hechos a medida de quien los contrata. Lo que se busca es que haya evaluaciones reales y objetivas”, enfatizó.
El abogado también criticó el argumento recurrente de Petroperú sobre la falta de presupuesto para el mantenimiento del Oleoducto Norperuano. Aseguró que este no puede ser un motivo para incumplir las obligaciones ambientales. “Durante décadas, la explotación petrolera ha generado miles de millones en ingresos al Estado. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de prioridades”, afirmó.
Asimismo, recordó que las comunidades afectadas por los derrames, como las de Cuninico, han tenido que recurrir a la justicia para que Petroperú reconozca su responsabilidad y ejecute labores de mantenimiento. “Solo por la presión social se ha logrado que la empresa actúe. Esto demuestra que sin vigilancia ciudadana y sin control judicial, el riesgo ambiental seguirá siendo alto”, advirtió.
Finalmente, Ruiz Molleda se mostró optimista sobre el resultado de la demanda, al considerar que la Sala Civil de Loreto podría ratificar la sentencia a favor de las comunidades. “No se trata de frenar la inversión, sino de hacerla con responsabilidad. Si en Lima no permitirían un proyecto extractivo sin garantías ambientales, tampoco debería ocurrir en la Amazonía. La justicia busca equilibrar esa balanza”, concluyó.
