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Tras más de 50 días de protesta, los pueblos indígenas levantaron su bloqueo fluvial, pero advierten que la vigilancia continuará hasta que el Estado actúe.
Las comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Tigre, en la región Loreto, continúan a la espera de una respuesta concreta del Estado frente a la creciente presencia de minería ilegal que opera mediante dragas en distintos tramos del afluente. Aunque los pobladores levantaron temporalmente su medida de lucha, señalaron que la vigilancia comunal persistirá mientras no existan acciones efectivas de erradicación.
De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, los mineros ilegales intentan ganarse la aceptación de las comunidades mediante ofrecimientos como la reparación de infraestructura, la entrega de combustible o la habilitación de servicios básicos. Esta estrategia, aseguran los dirigentes, busca comprar la voluntad de los habitantes locales para poder operar libremente dentro del territorio indígena.
“Están ofreciendo cosas que el Estado no cumple, y eso hace que algunas familias caigan en sus promesas”, denunció un representante comunal, quien además advirtió que estos ofrecimientos generan divisiones dentro de las comunidades.
Los veinte pueblos que integran el frente de lucha indígena en el Alto Tigre acordaron suspender el bloqueo del río a la altura de la comunidad Nuevo Libertad. Esta tregua permitirá restablecer la navegación fluvial y facilitar el ingreso de alimentos y productos esenciales para las comunidades que se encontraban aisladas.
Pese a esta apertura, las rondas comunales seguirán patrullando la zona para evitar el traslado de materiales vinculados a las actividades extractivas ilegales, como combustible, maquinarias o repuestos para dragas.
Los dirigentes indicaron que, a más de 50 días de iniciado el paro, el Gobierno aún no concreta acuerdos ni acciones sostenibles para frenar el avance de la minería ilegal. “Seguimos esperando una presencia real del Estado. Las promesas no bastan; queremos hechos”, manifestaron los apus del Tigre.
La población considera que la inacción estatal no solo permite el deterioro ambiental del río, sino que además pone en riesgo la seguridad y el equilibrio social de las comunidades amazónicas. Mientras tanto, el río Tigre sigue siendo escenario de una lucha desigual entre quienes defienden su territorio y los que lucran con su destrucción.
