Sociedad civil expone falencias estatales y propone mejoras para enfrentar nuevos desafíos.
En el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú filial Loreto, se presentó el IX Informe Alternativo 2022-2023, que aborda la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú. La exposición estuvo a cargo de Pedro Córdova, coordinador de proyectos de CHS Alternativo.
El panel contó con la participación de especialistas como Tania Lay Ríos, directora de responsabilidad social universitaria de la UNAP; Pablo Chota Ruiz, secretario del consejo directivo de ORPIO; y Carmen Rosa Arévalo Salas, representante de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Loreto.
El informe evalúa la implementación de la Política Nacional, destacando los desafíos en la respuesta estatal frente a estos delitos. También analiza la efectividad de los servicios públicos, el presupuesto asignado y las percepciones ciudadanas sobre el problema.
Principales hallazgos:
- Recursos públicos insuficientes para abordar las causas estructurales y brindar una respuesta integral.
- Falta de un registro adecuado de datos que permita un diagnóstico certero.
- Enfoque estatal limitado a la promulgación de normativas sin una implementación eficiente.
Recomendaciones destacadas:
- Diseñar un programa presupuestal orientado a resultados concretos.
- Actualizar la Política Nacional para adaptarse a los nuevos escenarios delictivos.
- Implementar un sistema centralizado para la recopilación y análisis de información sobre estos delitos.
- Evaluar las estrategias actuales para garantizar su efectividad y sostenibilidad.
El informe enfatiza que, si bien se han dado avances en normativas y protocolos, es crucial un enfoque más integral y con mayores recursos para proteger a las víctimas, prevenir estos delitos y fortalecer las instituciones responsables. La sociedad civil hace un llamado al Estado para asumir un compromiso más firme en esta lucha.
