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Protocolo interjurisdiccional garantizará la coordinación entre la justicia ordinaria y el derecho propio indígena
La construcción de una justicia verdaderamente intercultural dio un paso trascendental con la consolidación del Protocolo de Coordinación Interjurisdiccional entre el Poder Judicial y el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA). El encuentro de validación se desarrolló los días 28 y 29 de octubre en Chiriaco, Amazonas, con la participación de la magistrada Corely Armas Chapiama, jueza del Juzgado Mixto de Loreto – Nauta, en representación de la Corte Superior de Justicia de Loreto.
El evento fue impulsado por la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) y reunió a representantes de 18 sectores del GTAA, provenientes de cuatro departamentos amazónicos: Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Su objetivo principal fue afianzar los acuerdos que fortalezcan la coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, garantizando el respeto a la autonomía de los pueblos y a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
La jueza Corely Armas destacó que este esfuerzo representa un avance sustantivo en la aplicación del artículo 149 de la Carta Magna, que reconoce la potestad jurisdiccional de las comunidades nativas. “El diálogo entre sistemas jurídicos es esencial para fortalecer la paz social y la legitimidad del Estado en territorios indígenas. Este protocolo permitirá resolver conflictos sin vulnerar la identidad cultural ni los principios del derecho propio”, afirmó.
Durante las sesiones plenarias, los participantes abordaron temas esenciales como la valoración de pruebas en contextos interculturales, el rol del juez ordinario en casos derivados de la jurisdicción especial y la necesidad de promover una justicia con pertinencia cultural. Asimismo, se discutieron estrategias para erradicar las barreras lingüísticas y fortalecer la formación de intérpretes judiciales bilingües.
El plenario culminó con la firma del Acta de Compromiso Interjurisdiccional, documento que sienta las bases para la cooperación y el respeto mutuo entre ambas jurisdicciones. Este paso, según los asistentes, consolida la visión de un Estado más inclusivo y sensible a la realidad amazónica.
El Poder Judicial de Loreto reafirmó su política institucional orientada a la construcción de una justicia accesible, intercultural y participativa. Por su parte, los líderes del GTAA valoraron la disposición al diálogo y destacaron que este tipo de procesos fortalecen la autonomía territorial y la confianza de las comunidades en las instituciones del Estado.
Con este acuerdo, se avanza hacia una justicia que no solo respeta las diferencias culturales, sino que también las incorpora como pilares de la convivencia y el desarrollo sostenible de los pueblos originarios de la Amazonía peruana.
