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Poder Judicial ordena nueve meses de cárcel para investigado por violación sexual en la comunidad nativa
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Kilder Gonzales Córdoba, de 65 años, investigado por la presunta violación sexual de una niña de 11 años en la comunidad nativa de Nuevo Andoas, ubicada en la provincia de Datem del Marañón. La decisión fue adoptada este jueves durante la audiencia realizada a las 3:00 de la tarde.
El juez Mario Mercado Montero, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Datem del Marañón, declaró fundado el pedido fiscal sustentado por la fiscal provincial Samantha Villena Rengifo. Según la tesis del Ministerio Público, los graves hechos habrían ocurrido dentro de los servicios higiénicos del polideportivo comunal, donde el imputado habría aprovechado su posición y el entorno para cometer el delito.
La medida coercitiva busca asegurar la presencia del procesado durante todas las etapas del proceso penal, considerando la gravedad de los hechos, la especial vulnerabilidad de la víctima y el riesgo de obstaculización de la investigación. La resolución fue calificada como un precedente importante en la provincia, especialmente en casos donde está en juego el Interés Superior del Niño.
El fallo llega además tras la rápida intervención del Ministerio Público, que días atrás logró revertir un intento de liberación promovido por una autoridad local bajo el argumento de jurisdicción comunal. La Fiscalía recordó que los delitos contra la libertad sexual de menores son competencia exclusiva del sistema de justicia ordinario, sin excepción.
Mientras el investigado será internado en un establecimiento penitenciario, la menor agraviada permanece bajo resguardo especializado del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y la Fiscalía. Ambas instituciones brindan soporte emocional, psicológico y legal para garantizar su protección integral durante el desarrollo del proceso.
Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza frente a todo acto de violencia sexual contra menores y exhortaron a las comunidades a denunciar de manera inmediata cualquier situación que vulnere los derechos de niños y niñas.
