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Huaynakana exige al Estado cumplir sin excusas la sentencia que reconoce derechos al río Marañón

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Directiva de la organización kukama sostuvo reuniones con la ANA, el Congreso y la Defensoría del Pueblo para supervisar la ejecución del fallo

En el marco de la ejecución de la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Loreto, que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos y ordena a Petroperú realizar el mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano, la directiva de la Organización de Mujeres Kukamas Huaynakana Kamatahuara Kana sostuvo una serie de reuniones clave en la capital con instituciones responsables del cumplimiento de este histórico fallo judicial.

A través de la línea telefónica, el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molleda, explicó para LVS Noticias que una sentencia “no es para ponerla en un cuadro y colgarla en la pared”. Recordó que la decisión judicial contiene varios mandatos que deben ejecutarse sin dilación, entre ellos la creación del Consejo de Cuenca del Marañón, la actualización del instrumento de gestión ambiental, y el cumplimiento del mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano por parte de Petroperú.

Ruiz Molleda detalló que, en la reunión con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se informó que el convenio de asistencia técnica para el Gobierno Regional de Loreto ya está listo. Lo que corresponde ahora es que el Gobierno Regional firme el documento que permitirá iniciar la conformación del Consejo de Cuenca, un espacio que la ley exige para garantizar participación, fiscalización y gestión integral del agua.

El abogado del IDL precisó que estas reuniones también incluyeron a la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, así como a los adjuntos de Medio Ambiente y de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, entidades que tienen la obligación de supervisar y acompañar la ejecución del fallo. “No se trata de si las instituciones están de buen humor o si hay afinidad política; se trata de cumplir una sentencia judicial”, remarcó.

Ruiz Molleda recordó que el incumplimiento de un mandato judicial puede acarrear multas coercitivas, retención de parte del salario de los funcionarios, e incluso procesos penales por omisión de deberes y resistencia a la autoridad. Señaló que estos mecanismos deben activarse si alguna institución se rehúsa a ejecutar lo ordenado por la Corte.

El representante del IDL también subrayó que Petroperú está obligado a cumplir con la sentencia. Recordó que en procesos anteriores, incluyendo pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del OEFA, la propia empresa ha reconocido que su mantenimiento del oleoducto “ha sido tardío e ineficaz” y que no ha cumplido con un enfoque integral. “Eso ya no puede seguir ocurriendo”, expresó.

Ruiz Molleda informó además que en las próximas horas sostendrán una reunión con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento para revisar la situación de las plantas de agua instaladas en diferentes comunidades del bajo Marañón, varias de las cuales presentan fallas técnicas, malos diseños e incluso hechos de corrupción, como en el caso del municipio de Santa Rita de Castilla.

El abogado calificó la sentencia del río Marañón como un precedente histórico para la defensa de las fuentes de agua en el Perú y en América Latina. Señaló que organizaciones de otras regiones ya están siguiendo este caso como modelo para impulsar litigios similares. “Es un fallo emblemático y por eso algunos no quieren que se cumpla. Pero su ejecución es fundamental para la vida de las comunidades y para la protección del río”, dijo.

Finalmente, consultado sobre los plazos, Ruiz Molleda señaló que el juzgado sí establece periodos de cumplimiento y que Huaynakana no tiene por qué esperar la “santa voluntad” de ninguna institución. “Los plazos existen y están corriendo. Si no se cumplen, se aplican sanciones. La sentencia no es negociable”, afirmó.

Para las mujeres kukamas de Huaynakana Kamatahuara Kana, la defensa del río Marañón, ahora reconocido como titular de derechos, es una lucha por la vida, por el territorio y por la supervivencia cultural de sus pueblos. Y esperan que esta vez, el Estado responda con responsabilidad y sin excusas.

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