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La actual escena política de Loreto, y del país, exhibe un fenómeno cada vez más descarado: nuestras autoridades ya no gobiernan pensando en cumplir el mandato popular, sino que viven en permanente modo campaña, obsesionadas por asegurar la continuidad del poder, no para sus proyectos, sino para sus propios clanes familiares. Hoy ya no se actúa como servidor público, sino como personero electoral perpetuo, donde la prioridad no es atender las urgencias de la gente, sino acomodar a esposas, hermanos, hijos y sobrinos en las listas de candidatos.
Esta práctica se ha normalizado peligrosamente. No se trata de coincidencias aisladas: se repite una y otra vez el mismo esquema, donde el liderazgo político se convierte en herencia, como si la democracia hubiera sido reemplazada por una suerte de monarquía moderna, en la que el “derecho al trono” se obtiene por sangre y no por mérito. Pareciera que solo ciertos apellidos estuvieran llamados a gobernar, mientras miles de ciudadanos capaces quedan relegados, invisibilizados por no pertenecer al círculo íntimo del poder.
Los ejemplos abundan, desde el ámbito nacional hasta nuestro propio patio regional. Martín Vizcarra, hoy privado de libertad, no deja de proyectar influencia: ya no puede ser candidato, así que su hermano asoma como la nueva apuesta. El mensaje es claro: si no soy yo, va uno de los míos. No importa la coyuntura, ni los antecedentes, ni la responsabilidad política pendiente; la prioridad es mantener la cuota familiar dentro del tablero electoral.
En Loreto el patrón es el mismo. René Chávez ya tendría encaminada la candidatura de su esposa. Jorge Mera convirtió su apellido en marca política y empujó a su hijo a la escena pública, mientras él mismo apunta al Gobierno Regional. Fernando Meléndez protagoniza uno de los casos más evidentes: él gobernador, luego congresista; su esposa intentando cargos municipales, llegando a congresista y aspirando ahora al Senado; y hasta un hermano beneficiado con altos puestos en el Ejecutivo. La política entendida como empresa doméstica, donde todos los cargos se reparten dentro del árbol genealógico.
La lista continúa: congresistas que colocan a sus hijos como herederos políticos, apellidos que se repiten en candidaturas como si fueran franquicias electorales, empresarios que financian campañas a cambio de ubicar a hermanas o parientes, muchos sin preparación alguna, en puestos de elección. No importan las competencias ni las capacidades; lo que cuenta es el parentesco, el compadrazgo o la chequera. La meritocracia queda sepultada bajo el nepotismo electoral.
La pregunta es inevitable: ¿de verdad solo esas familias están capacitadas para dirigir Loreto y el Perú? ¿Acaso no existe nadie más en nuestras provincias, comunidades, universidades, sindicatos, gremios profesionales o barrios populares con talento suficiente para representar a la ciudadanía? La realidad demuestra lo contrario: hay miles de ciudadanos valiosos, pero el sistema está capturado por élites familiares que bloquean el acceso a nuevas voces.
Lo más grave es que este fenómeno se ha vuelto tolerado. Se ha normalizado tanto que muchos electores ya ni se sorprenden al ver apellidos repetidos en las cédulas de votación. La resignación va ganando terreno, y esa es la verdadera derrota de la democracia: cuando dejamos de indignarnos y aceptamos el abuso como costumbre.
La ley electoral puede permitir que parientes postulen; los organismos electorales poco pueden hacer mientras se cumplan los requisitos formales. Pero la instancia más poderosa sigue siendo el ciudadano. La única barrera real contra esta monarquía política es el voto consciente. No será un fiscal ni un juez quien detenga el abuso de las familias políticas, sino el elector que decide decir “basta” en las urnas.
Cada ciudadano puede establecer su propio filtro: rechazar el nepotismo, no votar por dinastías políticas, no respaldar la reelección indefinida de los mismos rostros, exigir renovación real. La democracia no se defiende solo con discursos, sino con decisiones concretas al marcar la cédula.
El 2026 será una prueba clave para Loreto y para el país. O seguimos premiando a los clanes que han hecho de la política su negocio familiar, o apostamos por una renovación auténtica, donde el mérito, la honestidad y la preparación pesen más que el apellido. En nuestras manos está demostrar que el poder no es herencia, sino confianza temporal del pueblo.
