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La mayoría de casos está vinculada a problemas socioambientales, incumplimientos del Estado y brechas históricas en salud, educación y servicios básicos
A pocos días de culminar el año 2025, la Defensoría del Pueblo reportó que en la región Loreto existen 26 casos de conflictividad social, de los cuales 25 se encuentran activos, cinco en condición latente y uno ha sido incorporado recientemente al registro oficial.
El nuevo caso identificado corresponde al incumplimiento del pago de una deuda a empresas comunales del Lote 192, situación que ha generado protestas de comunidades nativas del distrito de Andoas, donde habitan pueblos Achuar, Kichwa y Wampis, quienes exigen que se honren los compromisos asumidos por la empresa estatal Petroperú.
Según el balance institucional, la mayoría de conflictos sociales en Loreto están relacionados con temas socioambientales, como la actividad petrolera, la minería ilegal, el narcotráfico, la contaminación de fuentes de agua, los problemas territoriales y la falta de atención sostenida a los derechos de los pueblos indígenas.
Desde la Defensoría se advierte que la región enfrenta una crisis estructural de gobernanza, agravada por su extensa geografía y la débil presencia del Estado en zonas rurales y fronterizas, lo que incrementa la probabilidad de que los conflictos sociales escalen si no son atendidos de manera oportuna.
Ante este escenario, la institución anunció que en 2026 reforzará su rol preventivo y de mediación directa, tras una reciente modificación normativa que faculta a la Defensoría del Pueblo a intervenir de manera más activa en la prevención de conflictos sociales.
Como parte de esta estrategia, se informó que se implementarán nuevos módulos defensoriales en San Lorenzo (Datem del Marañón), El Estrecho (Putumayo), Caballococha (Mariscal Ramón Castilla) y Yurimaguas (Alto Amazonas), lo que permitirá una respuesta más rápida y cercana a las comunidades.
La Defensoría considera que los conflictos sociales no disminuirán mientras persistan las brechas en servicios básicos y la falta de cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades, por lo que se priorizará la emisión de alertas tempranas para evitar que las demandas ciudadanas deriven en protestas, bloqueos o controles territoriales.
Esta evaluación fue brindada por el doctor Abel Chiroque, jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, quien remarcó que los conflictos sociales son expresiones de necesidades no atendidas y que el reto para el próximo año será fortalecer la prevención, la mediación y la vigilancia ciudadana sobre el accionar del Estado.
