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La vacunación no es solo un acto médico, es una política de Estado y una responsabilidad colectiva que, en regiones como Loreto, se convierte en una verdadera carrera contra el tiempo, la geografía y el abandono histórico. Hablar de inmunización en la Amazonía no puede hacerse desde la comodidad de un escritorio en Lima, sino desde la realidad de ríos caudalosos, comunidades dispersas y un sistema de salud que lucha por llegar donde casi nadie quiere llegar.
Perú cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos de la región: su Esquema Nacional de Vacunación contempla 18 vacunas que protegen contra 28 enfermedades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, lo que lo sitúa entre los programas más amplios de América Latina y va más allá del calendario básico de muchos países.
Loreto concentra más del 30 % del territorio nacional, pero paradójicamente es una de las regiones con menor conectividad terrestre del país. No existen carreteras interprovinciales que articulen su vasto territorio, y la movilidad depende casi exclusivamente de los ríos y, en algunos casos, del transporte aéreo, lo que encarece, retrasa y dificulta cualquier acción sanitaria sostenida.
En ese contexto, llevar vacunas hasta las zonas más alejadas no es una tarea sencilla. Implica jornadas de viaje de varios días, combustible, logística especializada, cadenas de frío frágiles y personal de salud que muchas veces trabaja en condiciones precarias. Aun así, se les exige resultados como si Loreto tuviera las mismas facilidades que una región costeña.
Los recientes brotes de enfermedades prevenibles han vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda: la salud pública no puede improvisarse. Las vacunas salvan vidas, pero solo si llegan a tiempo y a todos. Cuando una comunidad queda fuera de los esquemas de inmunización, no es por desinterés de su población, sino por fallas estructurales del propio Estado.
En Loreto, miles de niños, adultos mayores y poblaciones indígenas viven en comunidades donde el puesto de salud más cercano puede estar a varias horas o días de distancia. Allí, una simple vacuna representa la diferencia entre la vida y la muerte, entre una enfermedad controlada y una tragedia evitable como lo evidencian los recientes casos y muertes por tos ferina en la Amazonía.
No se puede hablar de corresponsabilidad ciudadana si primero no se garantiza el acceso. La población amazónica no se niega a vacunarse; lo que ocurre es que el sistema no siempre llega. Sin embarcaciones adecuadas, sin presupuesto suficiente y sin personal permanente, cualquier campaña termina siendo parcial e insuficiente.
La vacunación también revela la profunda desigualdad territorial del país. Mientras en las ciudades se debate sobre refuerzos y calendarios, en la Amazonía aún se lucha por completar esquemas básicos. Esa brecha no es natural, es política, y responde a décadas de centralismo y desatención.
Es momento de que el Estado entienda que Loreto no puede ser tratado como una región más. Su extensión, su geografía y su diversidad cultural exigen políticas diferenciadas, presupuestos especiales y estrategias sostenidas en el tiempo, no solo intervenciones de emergencia cuando la crisis ya estalló.
Invertir en vacunación en Loreto no es un gasto, es una inversión en prevención, en equidad y en futuro. Fortalecer la red fluvial de salud, asegurar logística permanente y reconocer el esfuerzo del personal sanitario amazónico es una deuda pendiente que no admite más postergaciones.
La salud pública no puede seguir chocando contra la geografía como si esta fuera una excusa. En Loreto, vacunar es un acto de justicia. Y mientras no se garantice que cada vacuna llegue hasta el último rincón de la Amazonía, el discurso de igualdad seguirá siendo solo eso: un discurso vacío frente a una realidad que exige acciones urgentes y sostenidas.
