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Joel Tananta advierte que existen denuncias por presunta corrupción, paralización de obras y ausencia de acciones frente a la minería ilegal
El primer regidor de la Municipalidad Distrital del Alto Nanay, Joel Tananta, denunció públicamente una grave crisis en la gestión municipal encabezada por la alcaldesa Kelly Ferreira Tuesta, señalando presuntas obras fantasmas, falta de transparencia en el uso de recursos y un abandono casi total de la administración pública en el distrito.
Tananta informó que desde septiembre de 2023 se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios por proyectos que figuran como ejecutados en documentos oficiales, pero que no existen físicamente en el territorio. Indicó que el fiscal anticorrupción realizó una inspección ocular en el distrito, constatando la inexistencia de dichas obras.
Según el regidor, la municipalidad opera actualmente con menos de diez trabajadores en la sede distrital, mientras que la oficina de coordinación en Iquitos cuenta con mayor personal. Señaló que no existe rendición de cuentas sobre los ingresos mensuales, incluyendo recursos del canon y fideicomisos, situación que afirmó vulnera la Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, alertó sobre la paralización de obras valorizadas en más de 20 millones de soles, financiadas con el Fideicomiso Indígena, que debían ejecutarse en comunidades como San Juan de Imburahual, San Juan de Raya y Saboya. Indicó que los plazos de ejecución y prórroga ya vencieron, sin que exista avance significativo ni explicaciones claras de la empresa constructora o de la municipalidad.
En el plano social y ambiental, Tananta cuestionó la pasividad de la alcaldesa frente a la expansión de la minería ilegal en el Alto Nanay, denunciando la presencia de más de 70 dragas, ingreso de ciudadanos extranjeros, trata de personas y una inacción total de las autoridades locales para exigir la intervención del Estado.
Finalmente, el regidor señaló que ha elevado las denuncias a instancias superiores como la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y órganos de control interno, advirtiendo que no fiscalizar convierte en cómplices a los funcionarios. Sostuvo que el Alto Nanay enfrenta una doble tragedia: el saqueo de sus recursos naturales y el abandono institucional de una población sumida en la pobreza extrema.
