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En Loreto hay una emergencia que no tiene sirenas, no activa comités de crisis y rara vez ocupa titulares, pero deja un rastro devastador: la salud mental. Cuando un adolescente se quita la vida, el dolor se vuelve íntimo, familiar, casi secreto, y el sistema responde con lo mínimo: condolencias, silencio y olvido. Así, la tragedia se repite sin que nadie asuma que estamos ante un problema público, estructural y creciente.
Lo más grave es que las señales existen y son visibles. El aumento de casos de ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y deserción escolar no son eventos aislados, son síntomas de una región que vive bajo presión constante: precariedad económica, inseguridad, hogares fracturados, abuso, falta de oportunidades y un futuro que se siente estrecho. La mente no se quiebra de un día para otro; se agrieta lentamente cuando la vida se vuelve una carga sin acompañamiento.
Aun así, la conversación sigue atrapada en un estigma viejo y cruel: “ir al psicólogo es para locos”. Ese prejuicio no solo aleja a quienes necesitan ayuda, también legitima la indiferencia institucional. Si la sociedad cree que el problema es “de carácter” o “de voluntad”, entonces el Estado se siente autorizado a no invertir, a no contratar profesionales, a no reforzar programas preventivos. Es una coartada cultural para la inacción.
Las escuelas deberían ser la primera línea de defensa. Allí están los niños y adolescentes la mayor parte del día; allí se detectan cambios de conducta, aislamiento, señales de violencia y riesgo. Pero en Loreto, en demasiados colegios, no hay psicólogos, no hay orientación suficiente, y cuando la hay, suele ser insuficiente para la magnitud del problema. Pedir resultados educativos sin cuidar la salud emocional de los estudiantes es como exigir rendimiento a un motor sin aceite: tarde o temprano se rompe.
Y cuando se mira al interior de la región, la brecha es aún más brutal. En la ruralidad, la atención psicológica es casi inexistente, el acceso a servicios se vuelve una odisea y la violencia se normaliza por falta de redes de protección. La adolescencia transcurre entre carencias, embarazo temprano, abandono escolar y, muchas veces, silencio. Allí no hay “consultorio” posible si no hay conectividad, transporte o siquiera una posta que funcione con regularidad.
El problema también está en la falta de datos y de mirada pública. No se mide con la seriedad que corresponde cuántos intentos de suicidio ocurren, cuántos casos de autolesión se atienden, cuántas denuncias por abuso se relacionan con cuadros depresivos. Sin números, sin seguimiento, sin transparencia, no hay política pública real: hay parches. Y mientras tanto, se actúa después del desastre, no antes.
La salud mental no puede depender solo de la buena voluntad de algunos profesionales ni de iniciativas aisladas. Requiere presupuesto, enfoque preventivo, articulación con salud, educación, familia y justicia, y una estrategia regional que aterrice en colegios, barrios y comunidades. Si el Estado es capaz de movilizarse cuando el río crece o cuando hay un brote epidémico, también debe ser capaz de movilizarse cuando crece la desesperanza.
En ese contexto, espacios de comunicación como el programa Psicodiálogo, que llega a Radio La Voz de la Selva, son valiosos porque rompen el hielo, bajan el prejuicio y acercan información útil. Hablar de salud mental en voz alta, con lenguaje cercano y profesional, puede abrir una puerta para quien no se atreve a pedir ayuda, para el padre que no entiende a su hijo, para la adolescente que se siente sola, para el joven que carga un dolor que no sabe nombrar.
Pero no nos engañemos: un programa de radio no puede sustituir lo que el Estado no está haciendo. Puede orientar, puede prevenir, puede acompañar, pero no puede reemplazar equipos de psicólogos en colegios, servicios especializados, rutas de atención, protección contra la violencia y seguimiento real de casos. Si celebramos estos espacios, también debemos exigir que la salud mental deje de ser un asunto decorativo en los planes y se convierta en prioridad con recursos.
Porque al final, lo que está en juego no es una estadística ni un debate académico. Es la vida de nuestros chicos. Y en algún momento de la noche, en algún barrio, en alguna comunidad, hay un adolescente mirando el techo, tragándose el llanto, creyendo que su dolor no importa y que mañana será igual o peor. Y si la sociedad sigue repitiendo que “nadie se muere por tristeza”, si el Estado sigue actuando como si esto no existiera, un día tocarán una puerta para dar la noticia más terrible: que ya es tarde. Y entonces, otra familia se quedará con una pregunta que quema para siempre: ¿por qué nadie hizo algo antes?
