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Organizaciones indígenas y magisteriales denuncian abandono estatal, dilación administrativa y asesinato de un maestro defensor de la educación intercultural
Una nueva crisis social se ha desatado en la provincia del Datem del Marañón. Las organizaciones representativas de los siete pueblos originarios, Achuar, Awajún, Chapra, Kandozi, Kichwa, Shawi y Wampis, junto a los gremios del magisterio han convocado a una movilización urgente denominada “Bajada de Bases”, programada para este domingo 14 de diciembre en la ciudad de San Lorenzo.
La decisión responde a un escenario de indignación colectiva tras el asesinato de un maestro y defensor de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), hecho que ha generado conmoción profunda entre docentes, autoridades comunales y organizaciones indígenas. El crimen, según las dirigencias, refleja la creciente desprotección de los trabajadores de la educación en territorios donde el Estado mantiene una presencia mínima.
A este contexto de violencia se suma la controversia generada por la Gerencia Regional de Educación de Loreto (GREL), que mediante oficio ha solicitado una cuarta ampliación de plazo —hasta febrero de 2026— para formalizar el registro definitivo de la UGEL Intercultural Bilingüe. La solicitud, considerada una “burla administrativa”, prolonga la espera de un compromiso asumido en mesas técnicas desde hace años.
Las organizaciones CORPI-SL, FENAP, CORMI y SUTEIBP señalan que esta nueva postergación vulnera los derechos educativos de miles de estudiantes indígenas y bloquea la autonomía pedagógica destinada a fortalecer la enseñanza en lenguas originarias. Sostienen que la EIB no puede seguir siendo gestionada desde oficinas alejadas de la realidad territorial.
Los líderes de las nacionalidades indígenas recalcan que la creación de la UGEL Intercultural Bilingüe es un mandato social respaldado por acuerdos firmados con el Estado y que su retraso perpetúa un modelo educativo que excluye la cosmovisión de los pueblos. La desatención oficial, advierten, agrava tensiones históricas y alimenta la desconfianza hacia las instituciones públicas.
La movilización del 14 de diciembre definirá las próximas estrategias de lucha, incluyendo medidas de presión para exigir el cumplimiento inmediato de los compromisos. Las organizaciones han pedido garantías para los participantes y alertaron a las autoridades políticas y policiales sobre la naturaleza pacífica pero firme de la convocatoria.
Finalmente, los dirigentes indígenas enfatizaron que la movilización es una respuesta legítima ante un Estado que, afirman, ha fallado en proteger la vida de sus maestros y en garantizar un modelo educativo respetuoso de la identidad cultural. Señalan que solo la unidad de los pueblos permitirá defender la dignidad, la lengua y los derechos colectivos de sus futuras generaciones.
