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El fiscal provincial anticorrupción de Loreto explica cómo identificar estos delitos, quiénes pueden denunciarlos y cómo opera el Ministerio Público
Uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía, especialmente en un contexto de campañas electorales, es la corrupción. Sin embargo, no todo lo que popularmente se denomina corrupción encaja jurídicamente como tal. Por ello, el fiscal provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Loreto, Dr. Herver Aquino, explicó en LVS Noticias qué conductas constituyen realmente delitos contra la administración pública y cómo deben proceder los ciudadanos ante posibles irregularidades.
El fiscal Aquino precisó que la palabra “corrupción” no existe como delito en el Código Penal; lo que sí está tipificado son los delitos contra la administración pública, entre ellos cohecho (soborno), peculado, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible. Todos ellos protegen un bien jurídico fundamental: la correcta administración de los recursos y servicios del Estado. Esto significa que, en la mayoría de casos, los delitos requieren la participación de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Aquino también explicó que existen distintos niveles de control que deberían prevenir actos ilícitos: la supervisión interna dentro de cada entidad, la fiscalización de la Contraloría General de la República, el control penal a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial, y finalmente, el rol ciudadano. Sin embargo, advirtió que muchos de estos mecanismos fallan por falta de fiscalización efectiva, sobrecarga procesal y dilaciones promovidas por estrategias legales de defensa.
En cuanto a las investigaciones contra exautoridades o autoridades en ejercicio, el fiscal indicó que sí existen numerosos procesos abiertos, pero éstos tardan en avanzar debido a plazos prolongados y a la saturación del sistema judicial. Señaló que en Loreto la lucha anticorrupción podría fortalecerse con mayor presupuesto, más fiscalías especializadas, un juzgado exclusivo para estos delitos y defensores públicos capacitados en la materia.
Sobre cómo actuar ante un posible hecho de soborno, Aquino aclaró que un ciudadano puede denunciar directamente ante la Fiscalía Anticorrupción o la Policía Especializada. Si la persona es víctima de un pedido indebido de dinero, es posible realizar operativos encubiertos y garantizar la protección del denunciante. Subrayó que la institución atiende sin restricciones a cualquier ciudadano que busque orientación: “Tocan la puerta y se les atiende. Tenemos el deber de escucharlos, guiarlos y encauzar sus denuncias”.
Finalmente, recordó que existe una ley que permite denuncias anónimas y protege la identidad de quienes reportan irregularidades, e insistió en que la participación activa de la ciudadanía es clave para prevenir delitos y fortalecer la integridad pública.
