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La decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre los asentamientos humanos 21 de Setiembre e Iván Vásquez Valera, en el distrito de Punchana, debería marcar un antes y un después en la forma como el Estado atiende los derechos básicos en Loreto. Sin embargo, a más de dos año de emitida la sentencia, la población sigue esperando que ese fallo histórico se traduzca en agua potable, saneamiento y condiciones mínimas de dignidad.
En agosto de 2023, el TC declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” por la vulneración sistemática del derecho al agua y al saneamiento en esta zona de Iquitos. No fue una decisión menor ni simbólica: el máximo intérprete de la Constitución reconoció que miles de familias vivían expuestas a la contaminación, la enfermedad y el abandono institucional.
La sentencia ordenó acciones concretas a distintas entidades del Estado, desde los gobiernos locales hasta el Ejecutivo nacional, dejando claro que el acceso al agua potable no es un favor ni una política opcional, sino un derecho humano fundamental ligado directamente a la salud, la vida y la dignidad de las personas.
No obstante, la realidad en 21 de Setiembre e Iván Vásquez Valera sigue siendo cruda. El abastecimiento mediante cisternas es irregular, los desagües a cielo abierto persisten y las aguas residuales continúan siendo una amenaza permanente, especialmente en temporada de lluvias, cuando la contaminación se extiende por calles y viviendas.
En ese contexto, la presencia estos días en Iquitos de representantes del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo no es un hecho protocolar. Es una señal de alerta para las autoridades responsables y, al mismo tiempo, una oportunidad para evidenciar cuánto o cuán poco se ha avanzado en el cumplimiento de una sentencia que ya no admite excusas.
La Defensoría del Pueblo ha sido clara al advertir que el incumplimiento de una sentencia constitucional puede acarrear responsabilidades administrativas e incluso la destitución de funcionarios. Esa advertencia no busca confrontación, sino recordar que las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento y no simples recomendaciones.
El problema de fondo, como se ha reiterado, no es solo técnico, sino político y presupuestal. No puede aceptarse que, año tras año, se alegue falta de recursos para garantizar derechos básicos, mientras se destinan presupuestos a otros rubros menos urgentes. La falta de planificación y voluntad termina castigando siempre a los mismos sectores vulnerables.
Punchana no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática estructural en Loreto. La sentencia del TC puso el foco en dos asentamientos humanos, pero el mensaje es más amplio: el Estado no puede seguir normalizando que en pleno siglo XXI haya ciudadanos sin agua segura y saneamiento básico.
Las reuniones, mesas técnicas y compromisos anunciados solo tendrán valor si se traducen en obras concretas y soluciones sostenibles. De lo contrario, la frustración ciudadana seguirá creciendo y la desconfianza en las instituciones se profundizará, alimentando conflictos sociales que pudieron evitarse.
La visita del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo debe ser el punto de quiebre. Punchana necesita hechos, no más diagnósticos. Porque una sentencia que no se cumple es una promesa rota, y cuando se rompe la promesa de garantizar derechos humanos básicos, lo que está en juego no es solo la legalidad, sino la dignidad de toda una población.
