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Más de veinte auditores de Lima se suman al equipo regional en acciones preventivas
La Contraloría General de la República inició en Loreto un operativo multisectorial con el despliegue de más de veinte auditores provenientes de Lima, quienes se suman a sus pares de la región con el objetivo de verificar el estado situacional de obras y servicios públicos considerados críticos para la ciudadanía.
Así lo informó Luis Castillo Torrealba, vocero de la Contraloría, quien explicó que estas intervenciones buscan fortalecer el control preventivo, es decir, acompañar los procesos antes de que se consoliden hechos irregulares o se agraven problemas que terminan afectando directamente a la población.
Castillo precisó que el enfoque actual de la entidad no solo apunta a detectar responsabilidades, sino a evitar que las obras se paralicen y que los servicios públicos se deterioren. “Una obra paralizada significa menos colegios, menos hospitales y más brechas sociales”, señaló, al remarcar que el éxito del control se mide por la rentabilidad social y no solo por las sanciones.
En el caso de Loreto, la Contraloría ha identificado 47 obras paralizadas que representan más de 730 millones de soles comprometidos. Frente a este escenario, el operativo prioriza el destrabe de proyectos y la revisión de expedientes técnicos, considerados una de las principales causas de paralizaciones y sobrecostos.
El vocero aclaró que la Contraloría no es un órgano sancionador, sino técnico, y que sus informes —basados en evidencias— son remitidos al Ministerio Público o a las procuradurías cuando corresponde. Paralelamente, se busca mejorar procesos y controles internos para evitar que los mismos errores se repitan con el cambio de funcionarios.
Las acciones en Loreto se desarrollarán de manera inopinada durante varios días y abarcarán obras de infraestructura y servicios básicos. Según Castillo, los primeros informes estarán disponibles al público en un plazo aproximado de 15 a 20 días a través de la plataforma institucional.
Finalmente, indicó que estos operativos se realizan en todo el país y forman parte de una estrategia nacional de acompañamiento a gobiernos regionales y locales, con la finalidad de cerrar brechas sociales y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en servicios efectivos para la población.
