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Abel Chiroque informó sobre intervención en jornada de paro, fiscalización de combustibles y graves deficiencias en el año escolar
El defensor del pueblo en Loreto, Abel Chiroque, informó que su institución realizó acciones de monitoreo durante las recientes protestas por el alza del combustible en Iquitos, garantizando el respeto de derechos y promoviendo el diálogo entre autoridades y transportistas.
Durante la jornada, se reportó la intervención de ocho personas que fueron trasladadas a una comisaría para control de identidad y posteriormente liberadas al no registrar requisitorias, todo ello con presencia de la Defensoría del Pueblo. Además, se verificó en centros de salud que no existieran heridos producto de los enfrentamientos.
Chiroque indicó que los gremios de transportistas, especialmente motocarristas, han planteado como principal demanda la implementación de un subsidio ante el incremento del precio del combustible, el cual impacta directamente en su economía familiar.
En ese contexto, la Defensoría exhortó a que las protestas se desarrollen de manera pacífica, recordando que este derecho está amparado por la Constitución, siempre que no se incurra en actos de violencia ni afectación a terceros o bienes públicos.
Asimismo, señaló que se vienen realizando operativos junto a entidades como Osinergmin e Indecopi para detectar posibles irregularidades en la comercialización de combustibles, como el incumplimiento de precios reportados o eventuales prácticas de acaparamiento.
En paralelo, el defensor informó que también intervinieron en el establecimiento penitenciario de Iquitos tras un intento de fuga de dos internos, verificando su estado de salud y facilitando la comunicación con sus familiares, en cumplimiento de su rol como garante de derechos.
Respecto al inicio del año escolar, alertó sobre graves deficiencias en zonas rurales como Urarinas, donde se reporta la ausencia de docentes y la sobrecarga de alumnos por falta de personal, situación que calificó como una vulneración al derecho a la educación.
Finalmente, advirtió que uno de los principales problemas estructurales es la falta de saneamiento físico legal de las instituciones educativas, ya que solo el 20% cuenta con títulos de propiedad, lo que impide ejecutar proyectos de infraestructura y perpetúa las precarias condiciones en las escuelas de la región.
