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Informe de CHS Alternativo advierte grave déficit que limita prevención, persecución del delito y atención a víctimas
El Perú destina apenas el 1% del presupuesto requerido para enfrentar la trata de personas, una de las problemáticas más graves del país, según reveló Ricardo Valdés durante la presentación del décimo informe alternativo sobre esta materia en la ciudad de Iquitos.
De acuerdo con el reporte elaborado por CHS Alternativo, el Estado necesita más de 1,156 millones de soles para implementar adecuadamente la política nacional contra la trata; sin embargo, en 2025 solo se asignaron alrededor de 11 millones, dejando la mayoría de acciones sin financiamiento.
Esta limitada asignación presupuestal ha impedido ejecutar gran parte de los 42 servicios contemplados en la política pública, afectando directamente la prevención del delito, la persecución de redes criminales y la atención integral de las víctimas.
Valdés explicó que, de los 17 servicios destinados a la atención de víctimas, solo cuatro cuentan con recursos, lo que evidencia una grave debilidad del sistema estatal frente a este delito que moviliza millones de dólares y afecta especialmente a poblaciones vulnerables.
El informe también advierte sobre el incremento de riesgos en entornos digitales, donde menores de edad son captados a través de redes sociales y plataformas virtuales. Se estima que cerca de 700 mil niños y adolescentes en el país han estado expuestos a estos peligros.
En ese sentido, destacó que el sector educación ha comenzado a incorporar estos riesgos en el currículo escolar, aunque todavía de forma limitada, alcanzando solo a una parte de la población estudiantil.
Asimismo, se alertó que la trata de personas no ocupa un lugar prioritario en la agenda política, ya que un 40% de los planes de gobierno no la menciona y solo un 25% plantea propuestas concretas para enfrentarla.
Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y tomar precauciones, especialmente en el uso de internet por parte de menores, así como a exigir a las autoridades mayor inversión y políticas efectivas para combatir este delito que también afecta con fuerza a regiones como Loreto.
