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Autoridades locales señalan que, a casi dos semanas del desastre, la población continúa sin agua segura ni atención integral de salud
A casi dos semanas del derrame de petróleo ocurrido el pasado viernes 10 de abril en la zona de Yanayacu, en el río Amazonas, en Loreto, autoridades locales denunciaron la falta de una respuesta oportuna por parte de las instituciones del Estado. Laysamon Torres, integrante de una comisión de siete autoridades que llegó a Iquitos, cuestionó que el hecho no haya sido atendido con la urgencia que corresponde a un desastre ambiental de gran magnitud.
El representante indicó que desde el lunes se encuentran en la ciudad realizando gestiones ante diferentes entidades, debido a que consideran que el daño ha sido minimizado. “No se ha afectado cualquier cosa, se ha afectado el Amazonas, una maravilla del mundo”, sostuvo, al remarcar que el impacto sobre el ecosistema y las comunidades es crítico.
De acuerdo con información preliminar del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el derrame alcanzaría los 285 barriles de petróleo. Sin embargo, las autoridades comunales aseguran que la cantidad sería mayor. Ante la emergencia, los propios pobladores activaron medidas preventivas de forma empírica, como alertar a la población para evitar el contacto con el agua contaminada.
La situación ha generado una crisis humanitaria. Las comunidades afectadas carecen de agua potable para consumo, preparación de alimentos y aseo personal. Además, se reporta la muerte de peces en cochas y quebradas, lo que afecta directamente la seguridad alimentaria de la población, que depende del río para su subsistencia.
En el ámbito de la salud, ya se registran los primeros casos de afectaciones. Según el reporte, una gestante presentó complicaciones tras haber estado en contacto con el agua contaminada, mientras que niños y adultos reportan dolores de cabeza y malestar general. Las evaluaciones médicas, sin embargo, no se realizan con la frecuencia necesaria y aún no se cuentan con resultados claros sobre la calidad del agua.
Recién tras la llegada de la comisión a Iquitos se logró una reunión multisectorial en la Prefectura, donde la empresa responsable de la barcaza involucrada en el derrame presentó a un representante. Como primer acuerdo, se estableció la entrega de 120 mil litros de agua y 4 mil canastas familiares, aunque su distribución aún enfrenta dificultades logísticas.
Las autoridades también advirtieron que no se activaron de manera inmediata los comités de emergencia distrital, provincial y regional, como lo establecen los protocolos. Esta falta de articulación ha retrasado la atención a las comunidades, obligando a sus representantes a desplazarse hasta la capital regional para exigir respuestas.
Finalmente, los dirigentes señalaron que, además de la atención inmediata, se iniciará un proceso para exigir la compensación por los daños ambientales, económicos y sociales ocasionados. Asimismo, alertaron sobre el impacto psicológico en la población, que ha visto afectada su relación directa con el río, elemento central en la vida y cultura de los pueblos amazónicos.
