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Especialista advierte que cuestionamientos al proceso no son nuevos y llama a respetar la voluntad popular
La crisis en torno al proceso electoral se intensificó tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corbetto, quien dejó el cargo en medio de cuestionamientos por irregularidades registradas durante los comicios del pasado 12 de abril.
El hecho ha generado un nuevo escenario de incertidumbre, mientras el país continúa a la espera de los resultados oficiales al 100%, previstos para mediados de mayo, en un proceso que ha estado marcado por denuncias, retrasos y controversias.
Sobre esta situación, el juez superior de la Corte de Loreto, Aldo Atarama, sostuvo que este tipo de conflictos no son nuevos en el país y recordó que episodios similares se han presentado en anteriores procesos electorales, incluso desde etapas vinculadas a reformas legales y decisiones del Congreso.
El magistrado consideró que uno de los factores que ha contribuido al actual escenario es la proliferación de organizaciones políticas, lo que ha generado un sistema fragmentado con decenas de candidatos, dificultando la gobernabilidad y el desarrollo ordenado de las elecciones.
Asimismo, señaló que la narrativa de fraude electoral suele aparecer en sectores que no logran resultados favorables, lo que —según indicó— contribuye a generar desconfianza en la ciudadanía y debilita la institucionalidad democrática.
Atarama también cuestionó la amplificación de hechos puntuales, como la no instalación de algunas mesas de sufragio, señalando que estos eventos han ocurrido en distintos procesos electorales, aunque ahora adquieren mayor impacto por el contexto político y mediático.
En ese sentido, hizo un llamado a la población a mantener la calma y esperar los resultados oficiales, recordando que el sistema electoral contempla mecanismos de revisión y fiscalización a través de los jurados electorales.
Finalmente, advirtió que el país necesita avanzar hacia una reforma integral del sistema electoral, que permita mejorar la representación política, fortalecer las instituciones y garantizar procesos más transparentes y eficientes en el futuro.
