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Entidad advierte incumplimientos en entrega de agua y pide acciones firmes de OEFA para proteger a la población afectada
El defensor del pueblo en Loreto, Abel Chiroque, informó sobre las acciones que viene realizando su institución frente al derrame de crudo ocurrido en la zona de Yanashi, en el río Amazonas, donde comunidades continúan denunciando falta de atención adecuada y oportuna.
Chiroque señaló que la Defensoría ha acompañado a los dirigentes en diversas reuniones sostenidas con entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Local del Agua y otras instancias del Estado, además de participar en el Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, donde también estuvo presente un representante de la empresa involucrada.
Durante estos encuentros, se cuestionó el acuerdo inicial alcanzado entre la empresa y los dirigentes, que contemplaba la entrega de solo 30 litros de agua por persona, cifra considerada insuficiente. El defensor precisó que, según estándares internacionales, una persona requiere al menos 100 litros diarios para cubrir necesidades básicas como consumo, alimentación e higiene.
Asimismo, informó que la empresa no habría cumplido con la entrega de agua potable comprometida, lo que ha generado malestar e indignación en las comunidades afectadas. Frente a ello, la Defensoría ha solicitado al OEFA que haga cumplir sus resoluciones y aplique las medidas necesarias para garantizar la atención inmediata a la población.
El funcionario también advirtió que el problema no se limita al acceso a agua para consumo, sino que afecta integralmente la vida de las familias, quienes no cuentan con recursos suficientes para cocinar, asearse o desarrollar sus actividades diarias. En ese sentido, reiteró la urgencia de una respuesta articulada y efectiva por parte del Estado.
En paralelo, la Defensoría viene coordinando con autoridades locales para culminar el empadronamiento de las personas afectadas, lo que permitirá dimensionar el impacto real del derrame y canalizar adecuadamente la ayuda humanitaria y las acciones de remediación ambiental.
Chiroque subrayó que todas las instituciones conocen los protocolos que deben activarse en este tipo de emergencias, por lo que no hay justificación para la demora en la respuesta. Añadió que se continuará con la supervisión directa y se elevarán los informes correspondientes para asegurar que la empresa responsable cumpla con sus obligaciones.
Finalmente, reiteró que la Defensoría del Pueblo mantendrá su rol de acompañamiento a las comunidades, promoviendo el respeto de sus derechos y el uso de mecanismos legales para exigir atención, al tiempo que insistió en la necesidad de priorizar el diálogo como vía para resolver los conflictos sociales en la región.
