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Pobladores de Pijuayal denuncian incumplimientos del Estado y advierten que más comunidades se suman a la protesta
La comunidad de Pijuayal, del distrito de Manseriche, en la provincia del Datem del Marañón, retomó el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua como medida de protesta frente al incumplimiento del Estado en la atención de los impactos generados por el derrame de petróleo ocurrido en marzo de 2025.
Desde tempranas horas, pobladores junto a estudiantes de la residencia estudiantil volvieron a tomar la vía, señalando que se agotó la paciencia ante la falta de respuestas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otras instituciones involucradas en el proceso de atención y remediación.
Los comuneros exigen el abastecimiento de agua potable, el pago por los trabajos de limpieza realizados, el retiro de los residuos recolectados —que, según denuncian, están regresando a las quebradas— y la reactivación inmediata de las acciones de remediación ambiental.
El Apu de la comunidad advirtió que el incumplimiento de compromisos por parte de Petroperú y del Gobierno Regional de Loreto vulnera derechos básicos, especialmente en niños, al afectar su acceso a agua segura, alimentación y salud.
Asimismo, se informó que otras comunidades como Atahualpa y sus anexos han comenzado a sumarse a la medida de fuerza, ampliando el conflicto social en la zona, donde al menos ocho comunidades enfrentan problemas similares derivados de la contaminación.
Los pobladores señalan que, debido a la afectación de sus fuentes naturales, deben caminar largas distancias para conseguir agua, mientras que en épocas de lluvia apenas logran recolectarla de manera precaria, situación que consideran insostenible.
A pesar de haber participado en mesas de diálogo y haber esperado el cumplimiento de acuerdos, denuncian que ninguna entidad estatal ha respondido de manera efectiva, lo que ha generado indignación y desconfianza en la población.
Finalmente, los dirigentes advirtieron que la protesta continuará hasta que el Estado garantice el acceso a agua segura y cumpla con las acciones comprometidas, en un contexto que evidencia las persistentes brechas entre las comunidades amazónicas y la atención estatal.
(Con información de Marco Vizalote, corresponsal de la provincia de Datem del Marañón)
