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Más de 4 mil afectados demandan agua potable, atención en salud y cumplimiento de protocolos por parte de la empresa y el Estado
Una comisión de autoridades y pobladores del centro poblado de Yanashi, en el distrito de Las Amazonas, provincia de Maynas, arribó a la ciudad de Iquitos para exigir información y acciones concretas frente al derrame de petróleo ocurrido el pasado 10 de abril, que ha contaminado el recurso hídrico en la zona y generado una situación de emergencia para la población.
La delegación fue conformada tras una asamblea comunal realizada días atrás, donde se acordó viajar a la capital regional para solicitar explicaciones a entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Defensoría del Pueblo y otras instituciones competentes. Los representantes buscan conocer los informes técnicos elaborados y verificar qué medidas se están implementando ante el desastre.
Según reportes de la propia población, el crudo derramado desde una barcaza habría avanzado por quebradas y afluentes hasta alcanzar el río Amazonas, lo que evidencia fallas en las acciones de contención. Esta situación ha generado un impacto directo en las fuentes de agua utilizadas para consumo, preparación de alimentos y actividades cotidianas de las comunidades ribereñas.
Los pobladores denuncian que, pese a la gravedad del hecho, la atención ha sido insuficiente. Aseguran que la empresa responsable solo habría entregado cantidades mínimas de agua, sin cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas. Asimismo, advierten que no se ha garantizado una presencia sostenida de brigadas de salud para evaluar posibles afectaciones en la población.
Al respecto, el defensor del pueblo en Loreto, Abel Chiroque, confirmó que existe un incumplimiento por parte de la empresa en la entrega de ayuda humanitaria. Recordó que, de acuerdo con estándares internacionales, cada persona debe recibir al menos 100 litros de agua al día, lo cual no se está cumpliendo en Yanashi y comunidades cercanas.
Chiroque también precisó que la empresa cuenta con un seguro ambiental que debe ser activado de manera inmediata para cubrir la atención a la población afectada, incluyendo el abastecimiento de agua potable, alimentos y medidas de mitigación. Sin embargo, indicó que estas acciones no se han ejecutado de forma oportuna, lo que ha obligado a la población a movilizarse.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha recomendado la aplicación de medidas cautelares por parte de OEFA para obligar a la empresa a cumplir con sus responsabilidades. Asimismo, se ha solicitado a las autoridades locales la elaboración de un informe de evaluación de daños y necesidades, documento clave para dimensionar la magnitud del impacto y canalizar la respuesta estatal.
Mientras tanto, la población de Yanashi continúa enfrentando las consecuencias del derrame sin una atención integral. La llegada de esta comisión a Iquitos busca visibilizar la problemática y acelerar la intervención de las autoridades, en un contexto donde la contaminación sigue avanzando y el acceso a agua segura se ha convertido en la principal urgencia.
