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James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), manifestó abiertamente su interés en que el Fondo 2.5 de Puinahua sea manejado por su organización, afirmando que fue una lucha que se llevó bajo su liderazgo.
El dirigente indígena expresó su preocupación por la administración del Fondo 2.5 destinado al desarrollo de las comunidades del distrito de Puinahua, y señaló que la Presidencia y la Secretaría Técnica pretendan concentrar facultades que, según indicó, podrían exceder las disposiciones de su reglamento.
Recordó que el Fondo 2.5 fue establecido bajo un esquema de participación de cuatro actores: la Municipalidad Distrital de Puinahua, Perupetro, la JAP y AIDECOBAP. En ese sentido, cuestionó, sin presentar argumentos, que se busque otorgar facultades absolutas al Comité Consultivo que podría debilitar la participación de las organizaciones indígenas en las decisiones sobre el uso de los recursos.
Respecto a la posibilidad de que la municipalidad asuma la administración del fondo, Pérez manifestó sus reservas y sostuvo que existe el riesgo de que las autoridades locales terminen considerando estos recursos como una fuente para atender responsabilidades que corresponden al presupuesto municipal. Como ejemplo, mencionó que se estaría priorizando el financiamiento de servicios como internet, con una inversión de 14 millones de soles; electricidad y agua potable, mientras quedarían relegadas otras necesidades relacionadas con la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades.
James Pérez no desmintió la denuncia que Lucelia Shupingahua, también integrante de Aidecobap, hizo en su contra en la asamblea de octubre en Huacrachiro por presuntos intereses políticos en el manejo de recursos, y solo dijo que “no esperábamos que el tiro salga del mismo grupo hacia nosotros mismos”.
Afirmó que esas acusaciones buscan debilitar su dirigencia ante la próxima apertura de ocho pozos petroleros y la lucha por el derecho de las comunidades y el derecho ambiental que se viene.
Pérez dijo que AIDECOBAP ha planteado impulsar proyectos productivos vinculados con la agricultura, crianza de animales, pesca y turismo, tomando en cuenta los planes de vida y la visión de desarrollo de las propias comunidades nativas.
También cuestionó que no se haya aprobado el financiamiento para fortalecer las capacidades de los líderes, autoridades comunales y organizaciones indígenas, pese a que, según afirmó, lo solicitaron desde el inicio de las discusiones sobre el fondo.
Por otro lado, Pérez anunció que estos cuestionamientos serán abordados en la reunión prevista para el 9 de noviembre, con participación de la Junta de Administración y el Comité Consultivo, donde se debatirá la representación de las organizaciones sociales y el modelo de gobernabilidad del Fondo 2.5.
Asimismo, se comprometió a remitir la documentación con las propuestas de desarrollo y gobernabilidad planteadas por AIDECOBAP, a fin de que puedan ser conocidas y evaluadas públicamente.
